Señor presidente, excelencias, señoras y señores:
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) agradece esta oportunidad de dirigirse a la Primera Comisión.
Cada año, el CICR ha tomado la palabra en este foro para subrayar las consecuencias que tiene el empleo de armas en el plano humanitario. La mitigación y la prevención de las consecuencias humanitarias adversas de las armas en los civiles y en los combatientes deberían ser aspectos centrales de los debates y las iniciativas sobre el desarme y la limitación del empleo de armas. En estos tiempos de acentuada tensión internacional, los valores humanitarios compartidos deben ser la base común para que los Estados avancen y aborden los retos más acuciantes de la comunidad internacional.
La Primera Comisión comienza en un contexto de múltiples crisis entrelazadas, por lo que nos encontramos, una vez más, ante importantes retos para abordar la forma en que se libran los conflictos armados. La cooperación multilateral y el papel de esta Comisión son, en este sentido, más esenciales que nunca.
A las cuestiones de importancia crítica que figuran en el programa de la Comisión, el CICR aporta su experiencia del terreno como organización humanitaria que trabaja para prestar protección y asistencia a las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia en todo el mundo, así como su conocimiento en derecho internacional humanitario (DIH).
El rápido desarrollo y uso de métodos y medios de guerra nuevos y la creciente urbanización son dos de las principales tendencias que, según las previsiones, definirán, y en realidad ya definen, independiente o conjuntamente, el futuro de la guerra. Los métodos y medios de guerra nuevos deben impulsar a la comunidad internacional a examinar la adecuación de las normas existentes a la luz de los retos nuevos y de los que persisten, así como a esclarecer o desarrollar estas normas, según sea necesario. El enorme sufrimiento, las incontables muertes y la destrucción generalizada que causan la guerra urbana y el uso de armas convencionales deben ser un llamado de atención para fortalecer la estructura que actualmente existe para el desarme humanitario y el control armamentístico.
La disponibilidad generalizada de armas y municiones prolonga los conflictos, da lugar a desplazamientos de población e impacta en el desarrollo. En medio de la crisis climática que atravesamos, no podemos ignorar las preocupaciones que generan los efectos perjudiciales que ciertas armas tienen en el medio ambiente natural y la resiliencia de las comunidades frente al clima. Tampoco podemos ignorar los impactos diferenciados de las armas en mujeres, hombres, niñas y niños. Son estos retos interconectados que debemos considerar a medida que avanzamos.
Señor presidente,
Si hay un ámbito en el que la necesidad de fortalecer el marco para el desarme y el control armamentístico es más urgente es el de las armas nucleares.
Actualmente, hay más de 13.000 armas nucleares en el mundo; y, según estudios recientes, se prevé que este número aumente. Las armas nucleares siguen ocupando un lugar preponderante en las doctrinas militares y en las políticas de seguridad. A lo largo de los últimos meses, hemos sido testigos de un aumento preocupante de la retórica sobre las armas nucleares, y las teorías de la disuasión nuclear han recobrado terreno.
El riesgo de que se empleen armas nucleares crece a un ritmo preocupante, agravado por tensiones regionales e internacionales. Este riesgo también es alimentado por la modernización de los arsenales nucleares, incluido el desarrollo de armas nucleares más pequeñas que presuntamente son más usables, y por los desarrollos tecnológicos que pueden incrementar la vulnerabilidad de las armas nucleares y sus sistemas de mando y control ante los errores de los humanos o de las propias máquinas y los ciberataques.
Estos desarrollos tienen lugar pese a la abrumadora evidencia de los efectos horrendos, persistentes e irreversibles de las armas nucleares en la salud, el medio ambiente, el clima y la seguridad alimentaria, pese a la ausencia de una capacidad adecuada para dar una respuesta humanitaria en caso de que se empleen armas nucleares y pese al riesgo de escalada que implicaría cualquier uso de esas armas. Las armas nucleares son una de las principales amenazas para la humanidad. Su uso causaría daños irreversibles a las generaciones futuras y amenazaría la mera supervivencia de la humanidad.
En tiempos de inestabilidad internacional como los que estamos viviendo, algunos Estados pueden verse tentados a considerar las armas nucleares como un instrumento de seguridad. Esta lógica es peligrosa. La existencia de armas nucleares es, por el contrario, una fuente continua de inseguridad, para las generaciones actuales y futuras.
Señor presidente,
El riesgo creciente de que se empleen armas nucleares y las consecuencias humanitarias catastróficas que tendrían refuerza el imperativo humanitario del desarme nuclear. Este año, la primera reunión de Estados Partes en el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares (TPAN) adoptó un ambicioso marco para la aplicación del tratado a través de la Declaración y el Plan de Acción de Viena. El CICR acoge este desarrollo con satisfacción e insta a los Estados Partes a regirse por los importante compromisos que asumieron en la Declaración y el Plan de Acción.
Este año también vimos que la Décima Conferencia de Examen del Tratado de no proliferación de armas nucleares (TNP) no logró adoptar un documento final por consenso. El CICR está sumamente preocupado por este resultado. Se necesitan con urgencia medidas de reducción del riesgo nuclear y avances tangibles hacia el desarme nuclear. El CICR insta a los Estados Partes a no escatimar esfuerzos y trabajar constructiva y conjuntamente para la plena aplicación del TNP, en particular el artículo VI, impulsado por las razones humanitarias que motivaron su adopción: la necesidad de prevenir las consecuencias de las armas nucleares en el plano humanitario y de evitar que vuelvan a usarse.
El CICR insta a todos los Estados a firmar, ratificar o adherirse al TPAN, el TNP y el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y los tratados regionales que establecen zonas libres de armas nucleares, e insta a todos los Estados Partes a cumplir fielmente las obligaciones y los compromisos que les corresponden en virtud de esos tratados.
La sinergia entre esos instrumentos será fundamental para lograr el objetivo que tienen en común: un mundo libre de armas nucleares. Los Estados que poseen armas nucleares y sus aliados tienen la responsabilidad principal en este sentido, y los instamos a cumplir sus obligaciones jurídicas y morales.
Señor presidente,
Mientras crece la amenaza de uso de armas nucleares, las armas convencionales siguen causando daños devastadores en las personas y los bienes civiles durante conflictos armados cada vez más prolongados y mucho tiempo después de su finalización. Además del preocupante fenómeno de los conflictos fragmentados en los que participan numerosos actores, en los últimos años ha resurgido una tendencia a los conflictos interestatales, que traen aparejados sus propios retos.
Las hostilidades suelen tener lugar en ciudades con alta densidad de población, en barrios con mucha actividad, en las puertas de las casas. Esta es una realidad que caracteriza los conflictos modernos y una tendencia que probablemente continúe, considerando la creciente urbanización de la población mundial. Sin embargo, los conflictos armados en zonas pobladas siguen librándose con armas que no son aptas para usarse en entornos urbanos, como las armas explosivas con área de impacto extensa. Cada día el CICR es testigo del grave sufrimiento causado por el uso indebido de armas y municiones, facilitado por controles deficientes sobre su posesión, transferencia y uso, lo que en última instancia deja a las personas civiles como víctimas principales de las armas convencionales.
Hemos visto de primera mano las consecuencias devastadoras para la población civil del uso de armas explosivas pesadas en zonas pobladas. Las consecuencias no son solo muertes y heridas de personas civiles, sino también efectos indirectos significativos, como la interrupción y el deterioro de servicios esenciales para la supervivencia de la población civil, en particular los de electricidad, agua, saneamiento y atención de salud. La falta de servicios esenciales suele generar más muertes, enfermedades y desplazamientos de población. En paralelo, las minas antipersonal y las municiones en racimo siguen causando muertes y amputaciones indiscriminadamente. Nos preocupa el acentuado aumento de víctimas civiles de las municiones en racimo y las minas antipersonal registrado el año pasado, debido en gran medida al mayor uso de ese tipo de amas en los conflictos armados actuales. Esas armas se cobran numerosas víctimas civiles, no solo durante las hostilidades activas sino incluso mucho tiempo después de que estas han finalizado.
Señor presidente,
Este año se finalizó la Declaración política sobre el fortalecimiento de la protección debida a las personas civiles de las consecuencias humanitarias derivadas del uso de armas explosivas en zonas pobladas. El CICR acoge con beneplácito y apoya firmemente la declaración política como una señal clara y una herramienta esencial para fortalecer la protección de las personas civiles y el respeto del DIH en zonas pobladas. Alentamos a todos los Estados a respaldar la declaración política y a cumplir fielmente sus compromisos.
En particular, reiteramos nuestro llamamiento a los Estados y a todas las partes en conflictos armados a evitar el uso de armas explosivas con un área de impacto extensa en zonas pobladas. Por una cuestión de principios y de buenas prácticas, las armas explosivas pesadas no deben usarse en zonas pobladas, a menos que se adopten medidas de mitigación suficientes para limitar sus efectos extensos y el consecuente riesgo de producir daños a la población y los bienes civiles.
También deben redoblarse los esfuerzos para promover la adhesión universal a todos los instrumentos que prohíben o restringen el uso o la transferencia de armas convencionales y, en particular, a la Convención sobre ciertas armas convencionales y sus Protocolos, la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, la Convención sobre las municiones en racimo y el Tratado sobre el comercio de armas. El CICR insta a todos los Estados que aún no lo han hecho a hacerse Partes en esos instrumentos sin demora y urge a todos los Estados y partes en conflictos armados a renunciar inmediatamente al uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de minas antipersonal, municiones en racimo y otras armas inaceptables.
La cuestión de qué constituye una acción responsable en el ámbito de la transferencia de armas también debe abordarse con renovada urgencia. A fin de reducir el sufrimiento humano causado por la disponibilidad generalizada de armas y los controles deficientes sobre las transferencias de armas y municiones, los Estados deben ejercer una mayor diligencia al evaluar los riesgos que conllevan las exportaciones de armas y aplicar medidas oportunas, sólidas y prácticas que puedan reducir en forma realista los riesgos de violaciones. Quienes proveen los medios por los cuales se libran las guerras tienen una responsabilidad especial. Deben hacer todo lo que está razonablemente a su alcance para hacer que los receptores de las armas que sean partes en un conflicto armado respeten el DIH. Los Estados deben abstenerse de transferir armas cuando existe un riesgo manifiesto de que se utilicen para cometer violaciones del DIH. La fiel aplicación del Tratado sobre el comercio de armas es un imperativo humanitario y contribuirá a prevenir las violaciones graves del DIH.
Señor presidente,
Los desarrollos en ciencia y tecnología influyen en la forma en que se libran los conflictos, en la actualidad y en el futuro. Esos desarrollos pueden y deben utilizarse para reducir el sufrimiento humano, incluidos los daños a las personas y los bienes civiles que resultan de la conducción de las hostilidades.
El uso de tecnologías nuevas e innovadoras cuando se desarrollan y modifican armas y métodos de guerra suscita graves dilemas jurídicos y éticos, así como riesgos que causan profundo sufrimiento humano. Las nuevas tecnologías bélicas permiten, en particular, una mayor capacidad de proyectar fuerza en forma remota y una mayor automatización y velocidad en los ataques, al tiempo que reducen la participación humana en el proceso de toma de decisiones para el uso de la fuerza.
Con respecto al desarrollo de nuevas tecnologías de guerra, el impacto humanitario adverso de un desarrollo sin restricciones de sistemas de armas autónomos es motivo de especial preocupación. Los sistemas de armas autónomos, tal como el CICR los entiende, son los sistemas de armas que, después de una activación o lanzamiento inicial, seleccionan y aplican fuerza a objetivos sin intervención humana. Las decisiones humanas sobre la vida y la muerte son sustituidas, en efecto, por sensores, programas informáticos y procesos mecanizados. La erosión del control humano sobre el uso de la fuerza crea riesgos manifiestos para los civiles y los combatientes que han dejado de participar en las hostilidades, retos para el cumplimiento de las normas del DIH y preocupaciones éticas fundamentales para la humanidad.
Por el momento, el uso de sistemas de armas autónomos sigue siendo relativamente restringido, pero las tendencias indican que se utilizarán contra objetivos más amplios, en zonas más extensas, por periodos más largos, y con una menor supervisión y capacidad humana de intervención y desactivación. Esto sería particularmente preocupante si se las utilizara en zonas urbanas, donde las personas civiles correrían mayores riesgos. El interés en el uso de la inteligencia artificial y los programas de aprendizaje automático para controlar las funciones críticas de selección y aplicación de la fuerza plantea la perspectiva de que se produzcan armas impredecibles por su diseño.
¿Cómo se podría abordar ese riesgo? Hace ciento cincuenta y cuatro años, la Declaración de San Petersburgo dio un ejemplo de cómo la comunidad internacional puede y debe reaccionar ante las preocupaciones planteadas por las nuevas tecnologías bélicas. Los desarrolladores de tecnologías militares no deben decidir solos esos límites. Más bien, son los Estados los que deben fijar "los límites técnicos en los que las necesidades de la guerra deberían dar lugar a las necesidades de humanidad".
Al respecto, el CICR ya subrayó el año pasado ante esta Comisión la necesidad urgente de que los Estados adopten nuevas normas jurídicamente vinculantes sobre los sistemas de armas autónomos que garanticen el ejercicio de un control y un juicio humanos suficientes en el uso de la fuerza. En nuestra opinión, se necesitará prohibir ciertos sistemas de armas autónomos y regular estrictamente otros. El CICR ve con satisfacción que un número creciente de Estados opina que es necesario y factible establecer límites acordados internacionalmente sobre los sistemas de armas autónomos. Instamos a los Estados a adoptar medidas inmediatas y concretas que allanen el camino a las negociaciones de un tratado.
Señor presidente,
El uso de nuevas tecnologías de guerra en ámbitos nuevos, como el ciberespacio y el espacio ultraterrestre, puede dar lugar a consecuencias humanitarias significativas que agravan el sufrimiento que causa el uso de armas más tradicionales a las poblaciones vulnerables en los conflictos armados.
En los últimos años, se ha registrado un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de los Estados y de actores no estatales durante conflictos armados. Además, el uso de sistemas espaciales en operaciones militares también sigue creciendo, pese al deseo y el compromiso a largo plazo de la comunidad internacional de explorar y usar el espacio con fines pacíficos, al igual que la probabilidad de que esos sistemas sean atacados durante conflictos armados.
El uso de tecnologías digitales por parte de las sociedades añade un factor de riesgo para las poblaciones civiles, especialmente cuando el funcionamiento de infraestructura civil crítica es facilitado por sistemas espaciales y TIC. En los últimos años, diversas ciberoperaciones han afectado la infraestructura civil crítica de los Estados, como plantas nucleares, redes de electricidad y sistemas de abastecimiento de agua, así como a organizaciones humanitarias. La interrupción o la destrucción de sistemas espaciales que abastecen a infraestructura crítica también podrían tener consecuencias de amplio alcance para la población civil, incluidas las organizaciones humanitarias. Por otro lado, la creciente participación de personas y empresas civiles en ciberoperaciones militares y otras actividades digitales en conflicto armados las expone a daños y riesgos que socavan el principio de distinción, un elemento central del DIH.
Al respecto, el CICR insta a los Estados a considerar el riesgo de que se produzcan consecuencias adversas en el plano humanitario cuando adoptan decisiones, a nivel nacional y multilateral, respecto de ciberoperaciones en conflictos armados y de operaciones militares vinculadas con el espacio ultraterrestre. Las cuestiones fundamentales acerca de la protección de la vida civil requieren que los Estados continúen debatiendo y adopten una posición clara, tomando en cuenta las características específicas de las TIC y de los entornos espaciales. En este sentido, instamos a los Estados a interpretar y aplicar de buena fe las normas del DIH para garantizar una protección suficiente de los civiles, la infraestructura civil y los datos de carácter civil. Los Estados también deberían adoptar medidas para que las organizaciones humanitarias estén protegidas en sus actividades en línea del mismo modo que lo están en sus demás actividades, y para que las personas civiles estén protegidas contra la información dañina, como los discursos de odio. Asimismo, deberían prestar debida atención al riesgo de exponer a las personas civiles a sufrir daños si las alientan a participar en ciberoperaciones militares y en otras actividades digitales o les exigen hacerlo. A la luz de los riesgos de que las personas y los bienes civiles sufran daños causados por ciberoperaciones en conflictos armados y en operaciones militares vinculadas con el espacio ultraterrestre, los Estados pueden decidir añadir prohibiciones generales o limitaciones específicas. Si se desarrollan nuevos instrumentos jurídicamente vinculantes u otras normas y principios en la materia, se debe garantizar que sean coherentes con el marco jurídico existente, incluido el DIH, y que se basen en este y lo fortalezcan.
En conclusión,
Para abordar los retos nuevos y persistentes que se plantean a la protección de las personas civiles contra las consecuencias humanitarias adversas de las armas y los métodos y medios bélicos, se necesita determinación y la capacidad de formular respuestas adecuadas. Instamos a los Estados a demostrar estas cualidades en esta Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuando participen en reuniones sobre desarme nuclear y general a lo largo del año.
Estamos dispuestos a seguir ayudando a los Estados en sus esfuerzos por lograr una mejor aplicación de las restricciones jurídicas en materia de métodos y medios de guerra, así como por desarrollar nuevas, cuando sea necesario, con el fin de mejorar la protección de todas las personas civiles afectadas por conflictos armados en todo el mundo.
Gracias.
